La autonomía de las comunidades y obras

Cada vez que planteo en cualquier foro que hay asuntos que hay que llevar de forma centralizada desde la administración provincial, siempre hay alguien que me responde diciendo que hay que respetar la autonomía de las comunidades y obras. Más aún, me dice que hay que respetar la “justa” autonomía de las comunidades y obras. Como si la idea de centralizar estuviese conectada directamente con la injusticia o supusiese la invasión de competencias que no son suyas.

Vamos a poner un ejemplo que nos pueda iluminar. A la hora de contratar a algún trabajador, tanto comunidades como obras o actividades, reclaman su autonomía. Ellos son los que conocen sus necesidades, tienen en cuenta el contexto, etc., etc. Y así se hace. Y se contrata a la persona. La comunidad y/o la obra se apañan para preparar el contrato en contacto con su gestoría. Y todos felices. Lo malo es que a veces la felicidad no dura mucho y llegan los problemas. Y, ¡ay!, cuando llegan los problemas inmediatamente se recurre a la administración provincial para que eche una mano. Esto no me lo invento sino que me lo dice la experiencia. Digo yo que, si a la hora de los problemas, se recurre a la administración provincial, también sería lógico que a la hora primera, al momento de la contratación, también la administración provincial tuviera algo que decir. Eso sí, siempre respetando la “justa” autonomía (leerlo con un cierto tono irónico).

Más todavía es “justo” que intervenga la administración provincial en esos temas si se tiene en cuenta que el compromiso no lo asume la comunidad sino la provincia, que es la que, al final, responde de esas obligaciones laborales. Más todavía si se tiene en cuenta la movilidad de las personas, que hoy están en esta comunidad y mañana pasan a otra.

Como siempre, podría ofrecer muchos más ejemplos. La realidad es que no se trata de quitar a nadie su “justa” autonomía sino de reconocer humildemente que este mundo de las leyes y los negocios es demasiado complicado hoy para que la mayoría de nuestras comunidades y obras lo afronten en soledad. La realidad es que es mejor trabajar juntos antes que desconfiar de que el otro esté invadiendo mis competencias. La realidad es que la administración provincial dispone de mejores recursos para afrontar esas situaciones, para buscar soluciones, para –en definitiva– facilitar la vida de los administradores de comunidades y actividades.

Porque sólo se trata de eso, de ayudar, de acompañar, de trabajar todos en la tarea común que es la administración: poner nuestros bienes y recursos, siempre escasos, al servicio de la misión y de las personas.

Lo malo es que algunos, personas, institutos… viven todavía con una mentalidad de convento, de monasterio independiente y ven la intervención de la administración provincial como una intrusión inaceptable en los derechos de las comunidades. Ese tiempo ya paso. Las comunidades son ahora mucho más pequeñas, más volátiles, menos estables. Los que la forman están más dedicados a la misión y todo lo que sea facilitarles la vida y ahorrarles tiempo dedicado a tareas administrativas es mejor para la misma misión. Y, déjenme decir otra cosa. Nuestras comunidades están formadas ahora generalmente por personas mucho más mayores. Más allá de las nostalgias, siendo realistas, necesitan más ayuda. En los temas de administración y quizá en otros. ¡Realismo!

Por eso, vamos a reconocer que no se trata de quitar la “justa” autonomía a nadie. Sino de ayudar, acompañar y tratar de evitar entre todos, con la debida supervisión, que se cometan errores y despilfarros, que no nos hacen bien a nadie.

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